martes, 15 de mayo de 2018

Posicionamiento



 Por medio de la presente, nosotras, consejeras y consejero por organizaciones de derechos humanos ante el Mecanismo Nacional de la Ley de Protección a Defensores/as, comunicadores, periodistas y operadores de justicia en relación a la convocatoria girada el 10 de mayo para atender una reunión el día 14 de mayo en Casa Presidencial, manifestamos lo siguiente:

1) Creemos que convocar a una reunión para intercambiar impresiones sobre los retos logros y desafíos del sistema de protección con el ciudadano Juan Orlando Hernández es un grave desacierto justo cuando hemos emitido nuestras impresiones en varios eventos a nivel nacional e internacional y hemos demandado constantemente como primer punto para cualquier interlocución el cese de las agresiones a personas defensoras, así como del uso indeterminado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, como de la Policía Militar. Pese a ello, estos ataques se siguen dando, siendo el más reciente la represión y agresiones a manifestantes que de forma pacífica se encontraban conmemorando en las calles, el 1º de mayo, día del trabajo.

2) Según informes nacionales e incluso el ultimo informe del Alto Comisionado para los derechos humanos en Honduras, más de 30 personas fueron asesinadas y un gran número de personas resultaron lesionadas como parte de la crisis post electoral sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo una investigación de los hechos. La gran mayoría de las agresiones fueron perpetradas de acuerdo a testimonios por la Policía Militar y Policía Nacional, sin que hasta la fecha observemos voluntad política para castigar estas graves violaciones a los derechos humanos. El informe del Relator para las personas defensoras de derechos humanos, expresa su preocupación a este respecto en su ultimo informe sobre la situación de defensores/as en Honduras. (Pg 13 y 14)

3) La investigación criminal es casi inexistente en los crímenes contra defensores/as, contando con un Ministerio Público inactivo y con poca representación aun en las reuniones de Consejo. Somos conocedores de la próxima apertura de una Fiscalía o Unidad de investigación para las personas defensoras, pero tenemos poca confianza en su accionar, ya que experiencias pasadas como la creación e instalación de la Fiscalía de Derechos Humanos o de la Fiscalía de la Mujer, así como el incremento de presupuesto a esas instancias e incluso a la Unidad Especial de Delitos contra la vida, demandas que han sido realizadas por parte de nuestras organizaciones, han tenido un mínimo impacto en la investigación de los crímenes, así como en el índice de resolución de casos, que quedan en su mayoría, en la impunidad. No estamos dispuestos a seguir apostando creación de unidades nuevas e incremento de presupuestos a instancias que no responden con la celeridad, prontitud y los resultados esperados por las víctimas.

4) Los altos mandos policiales que torturaron a 4 defensores/as gozan de total impunidad y tienen una estrategia de terror contra las víctimas. No sabemos de ninguna acción contra estos agresores. Paralelamente al juicio contra ellos se han observado las manos de una justicia que se pone guantes de seda para castigar crímenes cometidos por estos funcionarios policiales y militares, más sin embargo se muestran prestos para reprimir, detener y criminalizar a la población en general y las personas defensoras de derechos humanos en particular. 

5) Son muchos los compañeros y compañeras que han tenido que exiliarse debido a los ataques y persecución sistemática en su contra, sin que hasta la fecha hayan condiciones de seguridad para garantizar su regreso y mucho menos se haya priorizado este tema a nivel de Estado. Los discursos estigmatizantes por parte de autoridades de Gobierno se siguen dando sin que se muestre una clara actitud de cambio de estos patrones.

6) La militarización de algunas comunidades por conflictos medioambientales (Pajuiles, Aguán, Santa Bárbara) afecta no solo a las personas defensoras, si no a toda la población que se encuentra defendiendo sus recursos en una lucha desleal contra empresas extractivas y/o transnacionales, teniendo como consecuencia de esta militarización, represiones continuas, asesinatos y desplazamiento forzado de personas que tienen que huir para salvar su vida. Esta situación no puede seguirse dando en un Estado de derecho, respetuoso de los derechos humanos de su ciudadanía.

7) Aclaramos que no respondemos a ningún interés político partidario, como tampoco somos parte de ninguna campaña de desprestigio en ningún sentido. Nuestra actitud crítica y largamente razonada es únicamente en calidad de organizaciones de sociedad civil, representando a una amplia población de personas defensoras de derechos humanos a lo largo del territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto como representantes de la comunidad de defensores y defensoras de DDHH, ante esta reunión del 14 de mayo demandamos como puntos esenciales para cualquier inicio de diálogo o interlocución con el Ejecutivo, lo siguiente:

a) El compromiso estatal y del Poder Ejecutivo en particular del cese de la represión contra las manifestaciones pacíficas, así como a la persecución, criminalización, judicialización y estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional.

b) Investigación pronta y efectiva de los ataques a la población como resultado de la crisis post electoral. Esta investigación deberá hacerse por una Comisión independiente de expertos/as tanto a nivel nacional e internacional, cuyos resultados sean vinculantes para la toma de decisiones a los entes y personas responsables de los hechos.

c) En caso de darse la apertura de la Fiscalía para personas defensoras de derechos humanos exigimos que las personas a cargo de la misma sean de reconocida honorabilidad y con un alto grado de compromiso con la defensa de los derechos humanos en Honduras. Del mismo modo, conocer la etiquetación de los gastos de dicha Fiscalía para conocer a que rubros se destinará el presupuesto asignado a la misma, esperando que la mayor parte sea para la investigación de los casos y no para la contratación de más personal que poco o nada abona en la reducción de los índices de impunidad.

d) Acciones contundentes contra los violadores de derechos humanos, incluyendo a los perpetradores del ataque de Carlos del Cid, Hedme Castro y Tommy Morales, así como los casos de otros defensores/as que contemplen penalización de los responsables para garantizar el compromiso de la lucha contra la impunidad y la no repetición de los hechos. 

e) Acciones efectivas para la desmilitarización de las comunidades que luchan por la defensa de sus derechos medio ambientales, así como medidas para garantizar que se creen mesas de alto nivel encaminadas a dar garantías a las personas defensoras en el ejercicio de su labor y de forma general a todas las comunidades.

f) Por ultimo, hacemos nuestra la declaración del relator Michael Forst: “…Preocupa enormemente el creciente número de actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con participación en las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos. Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos”

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de mayo de 2018

COMUNICADO


El Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria comunica a la opinión pública nacional e internacional que, estamos a las puertas de la instalación de un segundo proyecto de muerte denominado 12 Tribus SA de CV, quien es una empresa del grupo internacional ORMAT, según estudio de evaluación de impacto ambiental (EsIA) del proyecto geotérmico que está ubicado en el Valle de Siria en donde estaría abarcando los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio.

Por lo tanto comunicamos lo siguiente
1. Que se pretende construir un proyecto geotérmico en la zona del Valle de Siria, el cual traería graves impactos ambientales para toda la población que aún no ha superado la crisis ambiental generada por la explotación minera realizada por la “Empresa Entremares”, que nos dejó daños irreversibles a la salud humana.

2. Las comunidades de mayor impacto están en resistencia por la pérdida de los mantos acuíferos donde la mayor parte de las comunidades se abastecen de agua de pozo perforado y fuentes naturales, las cuales serán fuertemente contaminadas.

3. Debido a la experiencia asumida por el Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria a través de los años de lucha se ha comprobado que estas empresas transnacionales vienen a burlarse de las comunidades, aduciendo que traen desarrollo y el verdadero desarrollo es para ellos y no a las comunidades.

4. Solicitamos a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que estén alertas y solidarias ante lo que está sucediendo en el Valle de Siria con la criminalización y amenazas a miembros del comité y líderes comunitarios.

Por lo tanto exigimos

 Que el Estado de Honduras evite extender licencia o permiso de operación al proyecto geotérmico que se pretende instalar en el Valle de Siria, ya que no hemos podido superar las consecuencias e impactos de contaminación, enfermedades y muerte provocados por los trabajos mineros realizados por la “Empresa Minerales Entremares” subsidiaria de Gold corp. de Canadá.

 Que se respete la voluntad de las comunidades impactadas, a la no instalación del proyecto geotérmico, ya que si fuese caso contrario se estaría generando una crisis social en el Valle de Siria por su imposición.

 Responsabilizamos al Estado de Honduras y a la empresa que pretende desarrollar el proyecto geotérmico, por amenazas directas e indirectas, persecución y criminalización a miembros del Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria y líderes comunitarios.

 Exigimos a instituciones nacionales e internacionales que investiguen en los entes del estado responsables de haber dado un permiso al proceso de concesión y construcción del proyecto geotérmico en el Valle de Siria.

Dado en el Valle de Siria a los 15 días del mes de mayo de 2018
LUCHAMOS POR LA DEFENZA DE LA VIDA Y LOS BIENES COMUNES COLECTIVOS

lunes, 14 de mayo de 2018

Posicionamiento de la Asamblea de Mujeres Garifunas Organización La Esperanza de las Mujeres Garifunas de Honduras, OLAMUGAH

 
Reunidas 300 mujeres Garifunas representantes de 40 comunidades en la Asamblea Nacional, desarrollada en la comunidad de Vallecito, los días 5 y 6 de mayo del 2018. Después de un amplio debate sobre la problemática general de nuestro pueblo y en particular de las mujeres Garifunas, MANIFESTAMOS:
 
 
 
Denunciamos la criminalización y persecución judicial a la cual nos vemos expuestas las mujeres Garífunas, defensoras del territorio ancestral de nuestro pueblo, el que a los 221 años de presencia en Honduras enfrentamos una nueva expulsión.
 
Señalamos que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económicas (ZEDE) conocidas también como “ciudades modelo”, que después de varios años de ser promovidas por las administraciones Lobo - Hernández, fueron resucitadas por la consultora Mckinsey como parte de la plataforma de reelección; se han convertido en una severa amenaza para el pueblo Garífuna, al incluir a más de 20 de las 47 comunidades como áreas de subasta al capital extranjero.
 
 
Expresamos nuestro repudio a la tergiversación de la creación de una Ley de Consulta Previa, como el anteproyecto impulsado por PNUD y el Estado de Honduras, en la que eliminaron el “consentimiento”, con el fin de convertir la consulta previa en un simple formalismo. Las presiones del Programa REDD y la Unión Europea para la implementación de los proyectos REDD, continúa descalificando a organizaciones que no están bajo el control de la actual administración gubernamental.

Observamos como la costa norte de Honduras se ha convertido en un enorme basurero ante la inexistencia de políticas publicas destinadas al manejo de los desechos sólidos. Como prueba, se vienen divulgando vídeos que muestran enormes islas de basura que flotan a millas de la costa.

El cambio climático afecta a nuestras comunidades de forma inexorable al mismo tiempo que la erosión costera devora nuestras playas, siendo notoria la línea alta de la marea de tormenta que ya afecta a las casas de habitación.
Las mujeres Garífunas notamos un incremento acelerado de enfermedades de los órganos reproductivos y cáncer de mama en nuestras comunidades, situación que se ha agravado en los últimos años.


La pérdida del territorio ancestral y la crisis económica han generado efectos nocivos en la dieta tradicional Garifuna, la cual podemos indicar que esta en proceso de desaparición. La adopción de saborizantes artificiales y la suplantación del dumari -extracto de yuca- por el cubito, ha generado un aumento en enfermedades cardiovasculares, entre otras
Demandamos:

Al estado de Honduras cese a la persecución, criminalización, judicialización y asesinatos de las defensoras de la madre tierra. Además exigimos justicia para el caso del homicidio de nuestra hermana Berta Cáceres.

Exigimos al estado de Honduras la aplicación del Convenio 169 de la OIT en referencia al reconocimiento de territorio ancestral, ademas de respetar la consulta previa en relación a programas y proyectos de supuesto desarrollo, especialmente los que se vienen fraguando para imponer las “ciudades modelo” (ZEDE), las que se han convertido actualmente en la mayor amenaza para el pueblo Garifuna.

Las mujeres Garífunas solicitamos al PNUD y el Programa REDD que tomen nota de las recomendaciones efectuadas por la Relatora Vicky Tauli Corpus, para así lograr la creación de mecanismos de consulta previa, en base al espíritu del Convenio 169 de la OIT y el Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigimos la creación de políticas públicas destinadas a controlar el uso desmesurado de plástico y la creación de rellenos sanitarios en las comunidades costeras.

Requerimos de acciones concretas de respuesta al cambio climático y la erosión costera, indicando que las acciones efectuadas por las municipalidades no dejan resultados concretos, de ahí que exigimos la participación comunitaria directa ante la politización de los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático manejado desde las municipalidades.

Las mujeres Garífunas exigimos una solución inmediata a la problemática territorial que afecta a las comunidades Garifunas la cual se agravó a partir del golpe de estado de 2009 con la entrega de la costa norte al crimen organizado. La promoción de las ciudades modelo (ZEDE) ha generado como consecuencia un incremento de las presiones territoriales y desplazamientos poblacionales. De ahí que exigimos al Gobierno que se respete el derecho a la Consulta Previa en cualquier tipo de proyecto o medida legislativa que pueda afectar a nuestro pueblo.

Las mujeres Garifunas como protectoras de los territorios y bienes comunes de la naturaleza, exigimos al gobierno el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en el 2015, sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Dado en la Comunidad de Vallecito a los 6 días del mes de mayo del 2018
Organización La Esperanza de las Mujeres Garifunas, de Honduras, OLAMUGAH

miércoles, 9 de mayo de 2018

Carta abierta de mujeres y feministas hondureñas a compañeras nicaragüenses 8 de mayo de 2018 Honduras.


Queridas compañeras, hermanas y amigas:
Preocupadas por la situación de represión y violencia que están viviendo en su querido país, Nicaragua, queremos expresarles nuestra solidaridad y apoyo incondicional en sus justas demandas, abrazando sus luchas y reconociéndonos en cada acción de resistencia.

Nuestros pueblos, el nicaragüense y el hondureño, comparten muchas realidades, y reconocemos las graves amenazas que estamos viviendo en los últimos años. Amenazas que provienen de Estados sostenidos por la fuerza de las armas, en alianza con sectores económicos y políticos nacionales y transnacionales, incluyendo los poderes facticos de las iglesias y medios de comunicación.

Tenemos en frente dos fenómenos dictatoriales, con políticas neoliberales que expropian a las poblaciones de sus derechos, sus territorios, sus bienes comunes, de la autonomía de los cuerpos y las comunidades, es decir, políticas que tienen como fin expropiar la vida.

A las mujeres nos han colocado en situaciones históricas de vulnerabilidad, por lo que, la privatización de los servicios de salud y educación, la profundización de las violencias y la inseguridad, el quebrantamiento de la estabilidad laboral, entre otras estrategias del modelo de expropiación extractivista, colonialista y patriarcal, nos golpean en nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Hermanas nicaragüenses, reconocemos y estamos profundamente agradecidas con ustedes por su solidaridad militante en diversos momentos en los cuales las hondureñas, las feministas, hemos salido a las calles a protestar levantando nuestra voz: en junio de 2009 contra el golpe de Estado; en noviembre de 2017 contra el fraude electoral. En esos momentos, las feministas hemos tenido muy claro nuestro reclamo: ni en la institucionalidad formal, ni en las urnas se cumplen nuestros sueños y utopías, pero si tenemos el deber histórico de caminar al lado de nuestro pueblo, de nuestras hermanas en sus demandas por justicia y libertad.
En ambos hechos históricos hemos sufrido en nuestros cuerpos las mismas estrategias de represión que vive hoy el pueblo de Nicaragua, especialmente las y los jóvenes y las mujeres, por parte del gobierno Ortega-Murillo y su grupo cercano: militarización, desapariciones, saqueos, represión a bala viva, presos políticos, desinformación, manipulación de la información y censura a medios independientes.

Ante el reclamo de la ciudadanía que defiende las garantías sociales y el legado de las luchas populares conseguidas ejerciendo el legítimo derecho a la protesta, la respuesta de los gobiernos es la misma: represión y criminalización.
Condenamos firmemente los aproximadamente 59 asesinatos por parte de fuerzas armadas, las mujeres torturadas y abusadas sexualmente, las desapariciones forzadas y encarcelamiento político durante las últimas semanas en Nicaragua.

Al parecer los gobiernos patriarcales y neoliberales de derecha o supuesta izquierda tienen un plan estructurado de respuesta ante la movilización del pueblo. Al Orteguismo se le olvidó dónde radica el poder real. Decidió pactar con el poder dominante, colonial, capitalista y eclesiástico, que somete a los pueblos por interés del gran capital, y se negó a construir con los nuevos movimientos sociales y sus realidades.

Con este panorama tampoco podemos dejar de ver a nuestro alrededor, no podemos dejar de nombrar el oportunismo e intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norte América de aprovechar esta crisis en favor del crecimiento de la derecha en la región. Mientras condenan el orteguismo en Nicaragua, sostienen y apoyan al dictador hondureño, Juan Orlando Hernández.
La similitud más importante de nuestros contextos es que confirmamos que el poder verdadero está en la gente. Que en medio de la fractura social que han provocado los sistemas neoliberales de los últimos tiempos, nos buscamos para construir estrategias de acuerpamiento, para organizar la rabia y el dolor. OCUPA INSS en Nicaragua, Feministas en Resistencia y las antorchas en Honduras, así como los movimientos estudiantiles, que siguen al frente de las demandas populares en ambos países, son expresiones de esta búsqueda constante, que nosotras, las mujeres, las feministas, hemos estado cultivando.
La memoria histórica y el valor comunitario que se logró luego del triunfo de la revolución sandinista en 1979 sigue siendo una inspiración para el resto de Centroamérica. El orteguismo se alejó y rompió con los postulados del sandinismo.

Confiamos en la sabiduría que les dejó la revolución para que puedan tomar las mejores decisiones, donde puedan salir victoriosas sin que fuerzas externas se apropien de tal situación.
Confiamos en la creatividad que ha caracterizado a nuestros pueblos en tiempos difíciles, poniendo en sintonía la diversidad de experiencias y riqueza de trincheras, complementando la estrategia con la movilizadora rabia.
Compañeras nicaragüenses, para nosotras, las mujeres y feministas hondureñas, es importante que sepan que no estamos de acuerdo con ningún gobierno opresor ni con ningún gobierno asesino. Que desde aquí estamos con ustedes y al lado de ustedes, que Honduras es también su casa y tenemos la disposición de acompañarles en su lucha por la justicia y la libertad.

En sororidad,Organizaciones, feministas del movimiento de Mujeres y Feminista de Honduras.
1. Miriam Miranda
2. Miriam Suazo
3. Melissa Cardoza
4. Sara Tome
5. Karla Lara
6. Liana Funez
7. Roxana Corrales
8. Katherin Cruz
9. Yessica Trinidad
10. Noemí Dubón
11. Dunia Perez
12. María Elena Mendez
13. Brenda Miralda
14. Helen Ocampo
15. Celeste Espinoza
16. Kely Nuñez
17. Ana Ortega
18. Digna Maribel Alvarez
19. Jessica Sanchez
20. Centro de Estudios de la Mujer-Honduras
(Cem-H)
21. Centro de Derechos de Mujeres (CDM) 22. Colectivo Josefa Lastiri
23. Foro de Mujeres por la Vida
24. Movimiento por la Paz Visitación Padilla 25. Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en Honduras. 26. Grupo Sociedad Civil

#AlertaDefensoras

GILDA SILVESTRUCCI RIVERA

Actividad
Derecho a la información

Agresión sufrida
Amenazas, insultos, hostigamiento y acoso en redes sociales

HECHOS – Gilda Silvestrucci, reconocida periodista, corresponsal en Honduras de la cadena de televisión venezolana Telesur y directora del programa “En la plaza” de Radio Globo, ha denunciado que desde hace meses está siendo objeto de amenazas, insultos y hostigamiento en redes sociales por parte de un individuo que se hace llamar “Ramon Jérez”.

Según informa la periodista, dicho sujeto le ha hecho advertencias para que deje de atacar al gobierno y ha llegado a proferir amenazas, como la efectuada el pasado 1 de mayo, del tipo “Vas a amanecer rociada de tiros”. A ello se unen multitud de mensajes que aluden directamente a su condición de mujer, a su vida privada e incluso a sus hijos. También mencionó que hay otra persona que la hostiga y la amenaza a través de llamadas telefónicas. Pese a que ya hay denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, los ataques persisten y las investigaciones parecen estar detenidas.

Hace unos meses, en el marco de las protestas postelectorales, la periodista ya fue victima de una agresión por parte de militares, cuando intentaba grabar una agresión de las fuerzas de seguridad contra compañeros periodistas en el Hotel Marriot de Tegucigalpa. Pese a también existir denuncia por este hecho tampoco se han producido avances en el proceso judicial.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación de garantizar la integridad y seguridad de la periodista, así como su derecho a ejercer su profesión sin ningún tipo de coacciones ni amenazas. Asimismo, exigimos avances en la investigación de las denuncias interpuestas a fin de acabar con la impunidad de los agresores y con la patente situación de riesgo que enfrenta la periodista.


lunes, 7 de mayo de 2018

Defender para vivir


La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) presentó el jueves 3 de mayo el informe ''Defender para Vivir'' sobre la situación de las defensoras de derechos humanos y las agresiones que enfrentaron las defensoras durante el 2016 y  2017.

En la presentación del Informe la Coordinadora de la RNDDH Yessica Trinidad hizo mención a que el informe ''Defender para vivir'' es más que un informe de agresiones a defensoras de ddhh, para la RNDDH significa dos años de acompañamiento político, comprometido, seguro, efectivo, feminista y cercano a las realidades de las defensoras que por el ejercicio de su labor en defensa de la vida enfrentan amenazadas, persecución , judicialización y criminalización  por quienes deberían de impartir justicia en este país. 


Uno de los hallazgos del informe es que la violencia contra las defensoras se ha profundizado, evidencia de ellos, es que entre 2016 y 2017 se registraron 5 asesinatos, tres de ellos hacia mujeres travestis y lesbianas y dos hacia mujeres indígenas, sumado a esto, solo en el año 2017 se registraron 29 intentos de asesinatos contra defensoras, tal como lo manifestaron las defensoras Liana Funes junto con Melissa Cardoza en la presentación del informe “Llama poderosamente la atención, porque sabemos que el asesinato de Berta Cáceres fue significativo para abrir un espacio a la desvalidación y deslegitimación de la vida de las defensoras en su amplia concepción”  en Honduras existe una institucionalidad que se ha articulado para sostener un sistema de impunidad en el que ni los autores materiales ni intelectuales paguen por estos crímenes cometidos.

Según el informe, de entre las mujeres defienden la vida hay cuatro grupos que están siendo fuertemente atacadas, en primer lugar y con una mayor cantidad de agresiones son las defensoras de la tierra, el territorio y bienes  comunes de la naturaleza, incluidas en ese grupo un gran numero de mujeres indígenas. En segundo lugar quienes defienden el derecho a la educación, defensoras que han tenido repercusiones fuertes que van desde la expulsión del centro universitario, amenazas de muerte y  encarcelamientos, agresiones en las que articulan una serie de perpetradores como las autoridades universitarias, guardias de seguridad privada, Fuerzas policiales y militares, hasta compañeros de sus propios movimientos. Y en tercer lugar, las mujeres que defienden el derecho a defender derechos y seguidas quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia, que denuncian constantemente el aumento en los femicidios. Sin embargo, la defensa de derechos no se aisla una de la otra, ya que tal como lo menciona el informe, las defensoras han llegado más allá, van de su lucha especifica y se conectan con las otras luchas y diversos territorios.

Entre los dos años del registro conocimos de 561 agresiones en el primer año y 671 en el segundo, de los cuales 10 ataques fueron  institucionales para cada año, 414 en 2016 y 518 en 2017 fueron agresiones colectivas, 137 en 2016 y 143 en 2017 fueron agresiones individuales. 
Otro dato interesante son las agresiones en contra de mujeres que defienden el derecho a la información y libertad de expresión quienes 2016 se contabilizaron 8 agresiones, mientras que en el 2017 fueron 9 lo que en total suma 17 agresiones a las defensoras que  están en la denuncia permanente contra quienes vulneran sus derechos.

 Las conclusiones de este informe señalan que el Estado es el articulador de las diferentes agresiones al utilizar sus instituciones como por ejemplo la  Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Oficina Administradora de  Bienes Incautados (OABI), juzgados a nivel local y a nivel departamental, jueces y juezas que no dan celeridad a las denuncias de las defensoras siendo todo lo contrario cuando se presentan querellas que empresarios interponen en contra de las defensoras y luego están los perpetradores directos donde encontramos una articulación fuerte entre policía preventiva, policía militar en donde también entra la seguridad privada y el crimen organizado.

El informe también señala en una de sus conclusiones que las defensoras reciben violencia de diversas formas, la más común es la misoginia que esta presente en todos los espacios y actores, en la familia, comunidades, empresas y aunque poco se habla de esto también y muy marcada dentro de sus mismas organizaciones políticas y articulaciones, y que sólo podemos comparar el despojo de los territorios con lo que sucede con los cuerpos y los anhelos de las mujeres. 


¡Defendiendo el Derecho a Defender!

Tegucigalpa M.D.C., 7 de mayo de 2018.

miércoles, 25 de abril de 2018

#AlertaDefensoras Amenazas, insultos y exclusión comunitaria contra Ángela Murillo del MADJ.

Organización
Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ)

Actividad
Defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente

Agresión sufrida
Amenazas, agresiones verbales, exclusión de la comunidad

HECHOS – Ángela Murillo, de la tribu San Francisco en Locomapa, Yoro, e integrante de la Conducción Nacional del MADJ, está siendo objeto de amenazas y de exclusión comunitaria debido a su lucha contra la extracción maderera en su territorio ancestral.

Según denuncia el MADJ, la defensora y sus compañeros de lucha Ramón Matute y José María Pineda, también organizados en el Movimiento Amplio, recibieron amenazas por parte de miembros directivos de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, quienes además de incitar a otros pobladores a que les insultaran, les comunicaron que se les expulsaba y se les quitaba su condición de indígenas.

A pesar de las denuncias hechas por el MADJ, instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Ministerio Público, la policía o el mismo Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de DDHH se han desentendido y no han hecho nada para investigar los hechos y establecer las debidas medidas de protección para garantizar la seguridad de Ángela Murillo y sus dos compañeros.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras condenamos las amenazas y, muy especialmente, la exclusión comunitaria que enfrentan Ángela Murillo, Ramón Matute y Jose María pineda. Asimismo, exigimos al Estado hondureño y a las distintas instituciones responsables que cumplan con su obligación de garantizar su seguridad y el ejercicio de su derecho a defender derechos.

#SOSNicaragua

 !Ya van al menos 10 personas muertas como consecuencia de la violenta represión gubernamental!¡Exigimos a @DanielOrtega_Ni y @RosarioMurillo_ el cese inmediato de la represión en #Nicaragua!
¡Protestar es un derecho!
#AltoALaRepresión
#FuerzaNicaragua




sábado, 3 de marzo de 2018

PRONUNCIAMIENTO


Hace dos años el día dos de marzo del 2016 en la oscuridad de la noche en su casa de habitación fue asesinada nuestra compañera y hermana Berta Isabel Cáceres Flores, por las fuerzas violentas que intentan callar las luchas de las mujeres y de los pueblos.

Hace dos años que junto a COPINH hemos venido exigiendo JUSTICIA para Berta y para todas y todos los defensores de derechos humanos, luchadores y luchadoras que buscamos hacer de Honduras un país con justicia social.

Hace dos años que extrañamos la vida y el pensamiento de Berta entre nosotras, su claridad política para entender las opresiones simultaneas y las resistencias emancipatorias de los pueblos.

Hoy retomamos la palabra de nuestra hermana "La defensa del territorio es un concepto mas amplio, el territorio también son nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestros pensamientos, nuestras propuestas de vida, porque nos toca soportar no solo las agresiones de los grandes capitales, si no también esas agresiones misóginas-machistas"

Hoy a dos años de su siembra celebramos junto con COPINH y otros pueblos del mundo  la detención del Gerente General de DESA quien había sido mencionado muchas veces por diferentes fuentes como uno de los responsables de su muerte  y reconocemos que ésta obedece a la lucha y la exigencia de justicia del pueblo lenca y los pueblos del mundo y no a una dádiva de este gobierno asesino y violador de derechos al que le recordamos quiénes son los demás responsables del asesinato de nuestra Berta, los banqueros y empresarios junto a la clase política.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras queremos volver a nombrar la memoria de Berta como un símbolo de lucha, de compromiso, de convicción cuando decía *"Yo quiero decir categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, aunque me sucediera algo, yo estoy absolutamente convencida que el Pueblo Lenca y la resistencia del pueblo hondureño va a crecer, yo creo que sí vamos a salir adelante"

A dos años de su asesinato seguimos en la lucha por la JUSTICIA para Berta, JUSTICIA que se encuentra en las comunidades que resisten junto a los ríos de Honduras, en las mujeres que se organizan para enfrentar la agresión patriarcal en todas las comunidades que cada año se suman a la utopía de una Honduras emancipada y libre de esa industria extractiva que intentan despojar de los bienes naturales, el conocimiento, la espiritualidad, de la vida y de la dignidad a nuestros pueblos.

Hoy que recordamos a Berta, dolidas por su vil asesinato, recuperamos su alegría y su esperanza, la fuerza de Berta Isabel Cáceres Flores acompaña nuestros caminos.


03 de marzo 2017.

miércoles, 7 de febrero de 2018

CARTA PÚBLICA / IM-Defensoras insta a Relatorías de Derechos Humanos de la ONU y CIDH a exigir el cese de la represión y violencia de Estado en el marco del contexto post-electoral en Honduras


Por la presente, las más de mil mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra preocupación ante la grave situación de represión, violencia de Estado y vulneración a derechos humanos que atraviesa Honduras tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre y la oleada de protestas multitudinarias y movilizaciones ciudadanas generadas por las irregularidades, falta de transparencia e incertidumbre sobre el resultado.

Dichas irregularidades fueron evidenciadas por la misma Misión de Observación Electoral de la OEA, quien en su Informe concluye que las “irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección, no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados”1, en vista a lo cual la Secretararía General de la OEA hizo una llamado a realizar nuevas elecciones.2

No obstante las protestas y las conclusiones y advertencias de las instancias oficiales de derechos humanos y multitud de organizaciones de ámbito nacional e internacional, el Estado Hondureño optó por seguir adelante con el proceso de validación del resultado que suponía la reelección del presidente vigente, Juan Orlando Hernández, e incrementar su campaña de represión, violencia y hostigamiento contra la ciudadanía, desprestigio y estigmatización contra lideres y lideresas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en todo el país.

Así, el 1 de diciembre, el Gobierno aprobó el Decreto No. 084/2017 referido a la suspensión de garantías establecidas en la Constitución de la República,3 y que suponía imponer el toque de queda, prohíbir la libre circulación de las personas, establecer el control sobre los medios de comunicación y legitimar a las fuerzas de seguridad para ejercer la violencia contra la población. Ello pese a que, según la CIDH: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.4

Como consecuencia de la suspensión de las garantías constitucionales y el uso sistemático de la violencia por parte del Estado para reprimir las protestas, hasta el 19 de enero, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, habían resultado muertas al menos 31 personas. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han documentado más de doscientas personas heridas por arma de fuego o golpeadas brutalmente por las fuerzas de seguridad, más de mil detenidas, casos de trato cruel e inhumano5; así como ataques y campañas de desprestigio en contra de destacadas personas activistas, periodistas y defensoras de los derechos humanos que se han posicionado en contra del fraude electoral.6 Cabe destacar que muchas de estas agresiones han sido perpetradas por efectivos del ejército, hecho ante el cual el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha externado recientemente su preocupación.7

La reciente celebración de un Paro Nacional, convocado entre el 20 y el 27 de enero por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, ha desatado una nueva oleada de represión y violencia de Estado, desoyendo el Gobierno todos los llamados y recomendaciones internacionales en relación al uso del diálogo y la no-violencia, con el ejército todavía en las calles y con un saldo de personas asesinadas, heridas, detenidas, perseguidas o hostigadas que no para de incrementarse.

Ante esta grave situación, la cual implica una vulneración general de los derechos humanos de los y las hondureñas, desde la IM-Defensoras instamos a las Relatorías de Derechos Humanos de la CIDH y Naciones Unidas para que tomen cartas en el asunto y a través de sus diversos ámbitos de incidencia incrementen su presión sobre el gobierno de Honduras para que:
  • Restituya las garantías democráticas y garantice el legítimo derecho a la protesta de los y las hondureñas, así como la seguridad e integridad de quienes lo ejercen, especialmente de las mujeres y sus organizaciones, quienes están en primera línea de la lucha por los derechos humanos y políticos del pueblo hondureño.
  • Se abstenga de utilizar al ejército para reprimir a la población, de acuerdo a lo demandado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
  • Libere de inmediato y sin cargos a todas las personas detenidas de manera arbitraria.
    Garantice la investigación, juicio y castigo para los responsables de los más de 31 asesinatos ocurridos en el marco de las protestas contra el fraude.
  • Se avenga a una revisión del proceso electoral que garantice un resultado acorde a la voluntad popular expresada en las urnas y el absoluto respecto a la democracia y los derechos políticos de los y las hondureñas.
Atentamente,

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-089/17
2 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
3 Gaceta número 34,506 del 01 de diciembre de 2017.
4 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?scodigo=cidh69/09
5 http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2018/01/Segundo-Informe-violaciones-a-DDHH-en-contexto-protesas-anti-fraude-en-Honduras.pdf
6 http://defensoresenlinea.com/condenamos-energicamente-ataques-y-campanas-de-desprestigio-en-contra-de-defensores-defensoras-y-lideres-sociales-en-la-coyuntura-post-electoral/
7 http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/19/honduras-onu-pide-al-regimen-no-usar-militares-en-contra-de-la-oposicion/

jueves, 1 de febrero de 2018

Comunicado de Pobladores y Pobladoras de Reitoca

Honduras, Tegucigalpa M.D.C. 01 de febrero del 2018
COMUNICADO
PROGELSA
Atte..


El Comité de Protección Río Reitoca y la comunidad organizada de Reitoca , nos oponemos firmemente al proyecto hidroeléctrico Río Petacón, con No. Licencia Ambiental 362-2011, entendiéndose también que dicha licencia fue aprobada en un contexto ilegal e ilegitimo, ya que irrumpe los derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la OIT, además de que no contó con el permiso más importante, que es el permiso del pueblo, que es un proyecto lesivo para las comunidades que viven en torno a la cuenca del Rio Petacón y para el ecosistema de la zona y del país
Exigimos lo siguiente: 

1. Que de manera inmediata la empresa dirigida por el señor Jack Arévalo; la Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA) cancele el proyecto hidroeléctrico Río Petacón, para lo cual le damos un plazo de 10 días a partir de la fecha de recibo de este documento, tiempo suficiente para que terminen todos los trámites correspondientes a dicha cancelación.

2. Que dicho proceso también incluye la cancelación del contrato con SERMACO S.A. de C.V. y demás empresas involucradas.

1. Que procedan a hacer el retiro de toda la maquinaria, personal, infraestructura y demás elementos correspondientes a la obra, exigimos de manera enfática que para el 10 de febrero del 2018 se haya finalizado el retiro, de lo contrario se procederá a hacer el retiro a manos del movimiento y pobladores, en un ejercicio pleno y legítimo de control territorial, ya que son tierras ancestrales del pueblo indígena lenca.

3. Que todo el proceso de cancelación lo haga público la empresa PROGELSA, para garantizar el cumplimiento del compromiso que adquieren una vez recibida esta nota.

4. Que desistan de amenazar a muerte e intimidar a los pobladores en lucha, ahora organizados en el Comité de Protección Río Reitoca.

Importante señalar que se iniciarán serios procesos legales contra los responsables de la ejecución del proyecto, y que esto; dada la invisibilización que le dio el Estado de Honduras al caso, ya pasó a instancias internacionales. A su vez RESPONSABILIZAMOS A JACK AREVALO Y DEMAS DIRECTIVOS DE EMPRESAS INVOLUCRADAS DE CUALQUIER DAÑO QUE: DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA SUFRAN LOS POBLADORES Y MILITANTES DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN RIO REITOCA , ENTENDIENDOSE QUE AHORA FORMAMOS UN SOLO CUERPO DE LUCHA. Esperamos y exigimos que enfrenten los cargos de manera responsable y transparente.

El anterior comunicado también sirve para desmentir las Falacias expuestas en un comunicado de la empresa PROGELSA en un medio de comunicación.
Fuera PROGELSA ,Reitoca no quiere que nos quieren el río.

Terapia de Reencuentro, Honduras 2018


Este año, Como Red Nacional deDefensoras, Tejedoras de Sueños y Centro Q'anil de Guatemala estaremos siendo parte de la TERAPIA DE REENCUENTRO.

TERAPIA DE REENCUENTRO (TR) es un proceso que tiene como objetivos:

Impulsar un proceso grupal que permita reconocer la necesidad demantener paralelamente al desarrollo del trabajo dentro de las organizaciones y los espacios deresistencia, un trabajo de sanación.

Reconocer la necesidad de la construcción de nuevos modelos socioculturales de relacionamiento desde el Buentrato en lo social y en lo individual.

La metodología de la TR parte de un proceso vivencial-teórico, desde una mirada investigativa experiencial -vivencial- (tomar conciencia del cuerpo mismo). Consta de 10 sesiones, para cada sesión se necesita un día y medio por eso se realiza un fin de semana al mes.

Si tienen alguna duda o están interesadas en participar pueden escribir al correo tereencuentrohn@gmail.com 

¡Ojalá se animen!

viernes, 26 de enero de 2018

Coalición Contra la Impunidad repudia el pacto de impunidad


Una de las consecuencias del fraude en las elecciones del 26 de noviembre es la consolidación de un régimen dictatorial en el cual los poderes públicos no representan los intereses ni tutelan los derechos del pueblo. 

La aprobación ilegal de la reforma por adición del artículo 131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto incluida en el Decreto 141-2017 sobre la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (ejercicio fiscal 2018), genera un pacto de impunidad para los funcionarios, ex-funcionarios y otros actores privados como Ongs y fundaciones que han administrado fondos públicos y los han malversado, que deja sin facultades al Ministerio Público y a la MACCIH para investigar los actos de corrupción entre 2006 a 2018.

No es la primera vez que los diputados oficialistas pactan con la corrupción y la impunidad, ya lo hicieron con la aprobación de la Ley de Secretos en enero de 2014 y la rebaja de penas en delitos de corrupción en el nuevo Código Penal en agosto de 2017.

Como Coalición Contra la Impunidad condenamos este nuevo pacto de impunidad por ser una burla de la peor calaña por parte de la clase política gobernante con características de criminalidad organizada contra el pueblo hondureño.

Con estas normas de impunidad las redes de corrupción garantizarán además de impunidad, “certificados de solvencia” por parte del Tribunal Superior de Cuentas, quien durante los próximos tres años se encargará de manipular documentación de los casos de corrupción y los Juzgados hondureños tal como sucedió en el caso de los cinco diputados cerrarán las acusaciones ya presentadas como el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Pedimos a la MACCIH que en los próximos días dé a conocer la identidad de los 60 diputados, funcionarios, ex funcionarios y representantes de Ongs que están siendo investigados por esa institución por actos de corrupción.

Esperamos que la MACCIH sea coherente con su mandato frente a estos obstáculos que le inhabilitan para cumplir con sus acciones de combate a la corrupción.

Como organizaciones de derechos humanos estaremos realizando acciones legales y populares en los próximos días contra este hecho oprobioso.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero de 2018.

ALERTA

Elsa Corea

Organización:
Red de Abogados
Defensores del Sur

Actividad:
Derecho al acceso a
la justicia
Agresión sufrida:
Represión del derecho a la protesta, lesiones.

Exigimos al Gobierno de Honduras que garantice el legítimo derecho a la protesta de los y las hondureñas, así como la seguridad e integridad de quienes los ejercen, especialmente de las mujeres y sus organizaciones, quienes están en primera línea de la lucha por los derechos humanos y políticos del pueblo hondureño.

De acuerdo a lo demandado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), exigimos que no se utilice al ejército para reprimir a la población.

Hacemos responsable al Estado hondureño de cualquier acto de violencia que se produzca y de las consecuencias de la misma.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que se mantenga atenta a la grave situación que vive Honduras y ejerzca presión a todos los niveles para que se llegue a una solución pacífica y respetuosa con los estándares de derechos humanos, a democracia y los derechos politicos del pueblo hondureño.

miércoles, 17 de enero de 2018

Disrrumpiendo la democracia en Honduras: las ZEDE de los libertarios y amenazas de desalojo en el Golfo de Fonseca.


Sambo Creek, 17 de enro de 2018.- A inicios del presente año, circuló la noticia de la existencia de una orden desalojo promovida por la jueza Iris Amanda Hernández, situación que afectaría a quince familias radicadas en la isla Exposición, Golfo de Fonseca. El factible desalojado, forma parte del inicio de la instauración de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas también como “ciudades modelo”.

Las ZEDE se han convertido en el pilar económico de las administraciones gubernamentales Lobo-Hernández, y vienen siendo promovidas desde el año 2011, cuando el economista estadounidense Paul Romer se asoció con el otrora presidente Porfirio Lobo, para la instauración de las ciudades modelo (ZEDE), las que a diferencia de las más de 3.000 zonas económicas especiales (ZEE) existentes en el planeta, poseerían su propio sistema jurídico y fuerzas de seguridad.

El marco jurídico de las ciudades modelo, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), fue declarada inconstitucional en octubre de 2012, situación que provocó meses después la defenestración de la Corte Constitucional, promovida por el Congreso Nacional, generando la desaparición de la independencia de poderes en el país.

Posteriormente para el 2013, el Congreso Nacional efectuó una serie de reformas constitucionales, y la ley RED fue maquillada y aprobada por el Congreso Nacional bajo el nombre de ley ZEDE (Decreto 120-2013). Paul Romer para ese entonces, se había retirado del proyecto de las “ciudades modelo” ante la tendencia al autoritarismo de los promotores hondureños.

Las “ciudades modelo” en Honduras se convirtieron en factibles paraísos, para numerosos libertarios de ultraderecha estadounidense, los que comenzaron a diseñar sus proyectos distópicos, aprovechando la enorme crisis política y económica surgida en Honduras a raíz del golpe de estado acontecido en el junio de 2009.

Liberatarios de ultraderecha e islas distópicas en el Golfo de Fonseca.
Desde el inicio de las ”ciudades modelo”, la información al respecto ha sido manejada de forma confidencial, de tal manera que el pueblo hondureño no entiende la dimensión y el trasfondo de los hechos. La pagina de las ZEDE en la Internet al igual que su predecesora la RED, se han caracterizado por la ausencia de información. En un mapa publicado hace varios meses en el portal de las ZEDE, señalaban 12 lugares en Honduras como las posibles ubicaciones de las ciudades modelo. Entre ellas se encuentra el golfo de Fonseca, ademas de supuestamente existir un estudio de factibilidad elaborado por la agencia de cooperación coreana KOIKA.

En el año 2014 Seasteaders elaboró el diseño de las islas flotantes promovidas por los libertarios de ultraderecha Peter Thiel y Pat Friedman, los que abiertamente han señalado a la democracia como una forma de gobierno obsoleta. En el año 2015 Seasteaders promovió una conferencia en San Francisco a la que intituló “disrrumpiendo la democracia en Honduras: nuevas formas de gobernanza. En la conferencia se esperaba la asistencia de Juan Orlando Hernadez, él que a ultima hora cancelo su viaje ante la oleada de manifestaciones que se daban en ese momento en Honduras por la filtración de la noticia del saqueo del seguro social durante el gobierno de Porfirio Lobo.

Después de un comunicado publicado en el portal de las ZEDE, en el cual señalaban que “el interés de su instituto en la realización de experimentos políticos como la creación de mercados de gobierno competitivo y/o la experimentación con nuevos sistemas de gobierno, no coincide con el mandato del proyecto ZEDE Honduras. El supuesto posicionamiento de las ZEDEs al distanciarse de los libertarios del Seasteaders, no alteró la esencia de las “ciudades modelos” las cuales van dirigidas a la creación de ciudades-nación independientes dentro del territorio nacional, finiquitando el estado-nación westfaliano que conocemos.

Finalmente Seasteaders optó por construir sus islas flotantes en Tahiti , donde recientemente firmaron un convenio para la construcción de sus islas en el pacífico sur. Mientras tanto se rumora que en la isla Exposición aparentemente pretenden construir un zoológico; sin embargo la información al respecto al igual que sobre la temática de las ZEDE se considera como un secreto de estado, confirmando el comentario del artículo publicado en agosto del año pasado por la revista The Economist, sobre las diferencias existentes entre el Comité de Buenas Practicas de ZEDE y los funcionarios estatales hondureños.

El golpe electoral y el Honduras 2020.
El fraude perpetrado en Honduras el 26 de noviembre, afianzó la administración de Juan Orlando Hernández, la que previo a las elecciones, efectuó un nuevo lanzamiento, bajo el asesoramiento de la Consultora Mckinsey, quien actualmente es la encargada tanto de remaquillar la deteriorada imagen del país, además de impulsar el turismo y la maquila textil como solución inmediata al enorme desempleo que aqueja a Honduras.

Después de 7 años de haber iniciado Porfirio Lobo y su protegido Hernández las ciudades modelo, el país se mantiene a la expectativa sobre las implicaciones que pueda tener sobre los territorios señalados como factibles ZEDE. Conociendo la actitud represiva del régimen, el que recientemente fue certificado de forma risible por la administración Trump, en materia de derechos humanos y lucha contra el narcotráfico.

La actual dictadura del Partido Nacional en Honduras, se encamina a diluir el estado-nación para crear al menos una docena de enclaves dentro del territorio nacional, los cuales poseerían sus propias leyes, dando lugar a posibles gobiernos que hasta la fecha desconocemos sus verdaderas intenciones, que todo indica serían de corte libertario de ultraderecha o narcocapitalistas.

La OFRANEH, reafirma la lucha por la defensa de la democracia y exige el respeto a la Consulta previa Libre e Informada.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH